Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿botín político? (1 de 2)

México

TELECOM Y SOCIEDAD

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, ¿BOTÍN POLÍTICO? (1 DE 2)

Fecha de publicación: 4 de marzo de 2013

México es maravilloso, se piensa que con reformar la Constitución se resuelven los problemas. ¿Por qué tendría que ser distinto en telecomunicaciones? Ha trascendido que se pretende crear un Instituto Federal de Telecomunicaciones en sustitución de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones y que ese Instituto será fortísimo porque le darían autonomía constitucional. Escucha uno esto y, si ignora la historia de México, respira tranquilo, pero si la recuerda aunque sea vagamente, el que una entidad esté en la Constitución en nada impediría que unos años después por tener consejeros incómodos o simplemente por querer meter gente nueva, reformen nuevamente la Constitución. Se le ha querido equiparar al propuesto Instituto a la Federal Communications Commission que efectivamente reporta directamente al Congreso de EUA, lo que no se menciona es la abismal diferencia entre el respeto a una Carta Magna y la profanación constante de nuestra Constitución.

La Constitución de EUA cumplirá 226 años y sólo ha sido modificada 27 veces. La Constitución mexicana recién cumplió 96 años y ha sido reformada 206 veces y en muchas de estas reformas, se modifica más de un artículo. En los 13 años que van de este siglo XXI, ya van 58 reformas. ¿Garantiza el estar en la Constitución mexicana la autonomía y solidez que las instituciones de telecomunicaciones requieren? No. Y seguramente más de uno argumentará, “pero si en la Constitución no se respeta, menos en las leyes”. Eso sí es fatalismo, pensar que seguiremos igual que siempre, resignados a que el Estado de Derecho es una ilusión y a que la Constitución esté al servicio de los poderes públicos y económicos en turno. La situación del sector de telecomunicaciones no se resuelve desapareciendo a Cofetel, sino fortaleciéndola y transformándola, a menos que lo que se pretenda es legitimar una sustitución de comisionados.

Los requisitos de eligibilidad de comisionados deben incluir el que no deban ser legisladores, ni haberlo sido en la última legislatura, ello para evitar lo que pasó con la Ley Televisa, en la cual la promoción de ésta por parte del entonces senador Héctor Osuna, le mereció el premio de convertirse en Presidente de Cofetel. Tampoco deben ser personas allegadas a los agentes regulados para buscar imparcialidad. Se deben establecer reglas especiales sobre conflictos de intereses y no dejar a la generalidad que establece la ley de responsabilidades de servidores públicos. Los plazos deben ser fijos e inamovibles durante ese periodo (salvo por causa grave), y los nombramientos deben ser escalonados. Que no pase como con el Instituto Federal Electoral cuando con toda su autonomía constitucional, el Congreso de la Unión en 2007 decidió reformar la Constitución para sacar a los consejeros que estaban y nombrar nuevos. ¿Para qué le sirvió al IFE estar en la Constitución si de un plumazo se traicionó la razón de ser de los órganos constitucionales autónomos?

Hoy día la Cofetel tiene 5 comisionados, pero ¿qué podría justificar que fueran 7 ó 9? Nada. El único móvil que puede percibirse con incrementar el número de comisionados sería la repartición de cuotas entre los partidos políticos. Si éstos consideran que estoy levantando falsos, que la racionalidad es legítima y que el Instituto o lo que llegue a ser de Cofetel no es un botín político, entonces que se deje a los actuales comisionados hasta que venzan sus respectivos plazos y que no se incremente el número de miembros del Pleno. ¿Aceptarán esta prueba de fuego el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional?

¿Debe ser un órgano constitucional autómono, un órgano descentralizado (sectorizado o no) o un órgano desconcentrado? En la práctica, puede ser lo mismo, si es que le dotan de facultades suficientes, presupuesto autónomo y suficientes recursos humanos para evitar la captura y/o parálisis regulatoria. Porque podría pasar como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que había sido siempre una opinión de calidad pero sin obligatoriedad y las autoridades cumplían si les convenía y si no, simplemente apilaban los cerros de recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos sin consecuencia, ni remordimiento alguno. ¿Será mejor éste o aquél tipo? Es irrelevante si nuestros legisladores y la clase política continúan despreciando la certidumbre tan necesaria para atraer inversiones.