Por Egbert Sánchez
Número
44
Introducción
El derecho
a la información desde los inicios de
los noventa es un tema recurrente y ampliamente
propagado por organizaciones internacionales
y viene a formar parte del discurso político
nacional.
Uno de los ejemplos
contundente es el artículo 19 de la Declaración
de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión
(1948).
Con el paso
del tiempo se asocia el derecho a la información
con la democracia. Al respecto Cousido González
(2001:25) comenta “el funcionamiento normal
de la democracia mediante el ejercicio del derecho
de voto, esta estrechamente vinculada a la comunicación,
de tal suerte si la comunicación es fluida,
la democracia se fortalece”. Considerando
lo anterior mencionado una comunicación
fluida puede ser traducida en sistemas de información
fluida.
De tal suerte
que estos sistemas realmente funcionen y cumplen
con sus objetivos deben de tener la capacidad
de transmitir y comunicar datos, información
y por que no el conocimiento almacenado en sus
diferentes formas en las instituciones.
Dervin (1994:369)
por su parte coincide con Cousido Gonzalez que
“el acceso a “buena información”
es un elemento crítico para el funcionamiento
de una “buena democracia”. Sigue
su discurso diciendo que ”cuando se permite
que la información fluya de manera libre
en un mercado libre, la “verdad”
o la “mejor información” salen
a flote”.
Al remitirse
al valor de la información dice “toda
persona racional la busca y por lo mismo la disponibilidad
a la información debe de mantener el equilibrio
en su acceso por lo tanto, la buena información
debe de estar disponible a toda la ciudadanía
en una democracia... desafortunadamente no toda
la ciudadanía tiene los mismo recursos
a su disposición para obtener la información,
por lo mismo se debe de proveer los medios para
el acceso a la “buena información”
para los ciudadanos”.
Siguiendo este
tenor los sistemas de información representan
una piedra angular en este entorno.
Sistemas
de información
Buckland
concibe los sistemas de información desde
la perspectiva de informar a las personas, guiarlos
en distintas situaciones que los lleva a un mismo
propósito, recibir información.
El objetivo
de un sistema de información es “dar
sentido a su colección, facilitar el proceso
de aprendizaje, estimular la curiosidad, suprimir
la memorización de hechos y datos que
se pueden perjudicar el desarrollo del pensamiento
crítico y la autoestima, tiende a cerrar
la brecha entre los conceptos e intuición,
y entre la teoría y la praxis” (Buckland,
1991:36).
Una de las funciones
principales de los sistemas de información
es proporcionar el servicio de recuperación
de información. Mientras que las tareas
de las mismas son reunir, concentrar, ordenar
y almacenar la información y posteriormente
ponerlo a disposición de los usuarios
y de los ciudadanos que la soliciten, persiguiendo
como objetivo final, brindar información.
Así mismo
se considera que existen diferentes sistemas
de información como las siguientes:
1. los sistemas
de administración de la información,
2. los sistemas de gestión de registros
y expedientes,
3. los archivos,
4. las bibliotecas y
5. los museos.
Cada uno de
los sistemas mencionados deberían de estar
de tal manera estructurados y a la vez brindar
los instrumentos necesario para facilitar la
indagación, la comunicación acerca
de lo que esta haciendo el otro, la recuperación
de información pertinente y de datos con
mira a mantener informado, a satisfacer la demanda
de los servicios de información en general,
el proveer servicios eficaces y de manera eficiente
y agilizar el procesamiento de la información.
Los archivos,
vistos como un sistema de información,
han tenido gran auge en México después
de la promulgación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información
Publica Gubernamental publicado en 11 de junio
de 2002. En
el mismo año, se observa que los estados
de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Querétaro
han promulgado una legislación en este
sentido. Para el 2003 Aguascalientes, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León
y SLP, han emitido una ley en esa materia mientras
que para el 2004 el estado de México,
Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas siguieron
los mismo pasos.
Tabla
1
LEYES ESTATALES
RELATIVAS A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
GUBERNAMENTAL
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
* |
--- |
4 |
8 |
4 |
Jornadas
de consulta |
--- |
JALISCO
MICHOACÁN QUERÉTARO
SINALOA
|
AGUASCALLIENTES
COAHUILA
COLIMA
DURANGO
GUANAJUATO
MORELOS
NUEVO LEÓN
SAN LUIS POTOSÍ
|
MÉXICO
Q. ROO
YUCATÁN
ZACATECAS
|
SONORA |
A
la par de la mencionada ley algunos estados de
la República han emitido otras leyes como
la de administración de documentos gubernamentales,
bienes patrimoniales, culturales, de archivos.
Tabla
2
Cantidad
de Estados con las siguientes leyes:
Transparencia |
Archivos |
Administración
de documentos gubernamentales |
Bienes
y de
Patrimoniales |
16 |
15 |
12 |
23 |
Surgen
las preguntas:
¿Cómo se va a transparentar las
acciones de los gobierno federal y estatales
al no tener un sistema de información
llámese archivo o biblioteca ordenado
y organizado para que brinden un servicio de
información eficiente y eficaz?
¿Cómo
se va a rendir cuentas y demostrar con evidencias
los gobiernos municipales, estatales y federal
cuando las dependencias no tienen reunidos y
concentrados los documentos que producen las
dependencias en distinto formatos en un sistema
de información?
¿Cómo
se fortalecerá la democracia cuando la
información no se comunica y no fluye
dentro y fuera de las dependencias?
¿Cómo
se va a transparentar o rendir cuentas a los
ciudadanos si los documentos que contengan los
datos e información no están en
un lugar o en su caso no lo tienen organizados?
Política
social <--> Democracia
Hasta el momento
el discurso de los gobiernos tanto federal estatal
como municipal han manejado el trinomio disponibilidad–
diseminación–acceso.
Los gobiernos
promueven la disponibilidad de la información
y los datos por medio de la implantación
de una normatividad jurídica, las leyes,
y el ciudadano por su parte de demanda el acceso
a la información gubernamental y oficial.
Mientras que
para que se provee un servicio de la diseminación
de los datos e información en principio
los documentos deberían estar organizados
y ordenados según la estructura organizacional
de la dependencia.
En ocasiones
los gobiernos interpreta el proporcionar los
servicios de información como una política
social entendiendo por política social
un “conjunto de programas y acciones cuyo
objeto es la satisfacción de necesidades
sociales que están en constantes cambios
y redefinición en cuyo diseño y
aplicación participan diversos actores
y que se articulan con diversos sectores de la
sociedad” (Perlo Cohen, 1996 :16).
En este tenor
los sistemas de información como los archivos
y las bibliotecas se consideran como un servicio
social visto desde la perspectiva de la transparencia
y el acceso a la información en general
y en particular a la información gubernamental.
Los programas
y acciones emprendido por los gobiernos han sido
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos
en “saber” o el tener acceso a la
información por medio diferentes leyes,
como una parte de la rendición de cuentas
(accountability) que viene a fortalecer la democracia,
y de paso cumplir a con una política social.
En este sentido
la promoción a una política de
información dirigido hacia la gestión
de fuentes y sistema de información gubernamental
debe ser entendido como “Un conjunto de
principios, leyes, directrices, normas, regulaciones,
procedimientos interrelacionados que conducen
que conducen al control y a la gestión
del ciclo de vida de la información: la
producción, la organización, la
distribución la diseminación, la
recuperación y el descarte” (Hernon
Y Relyea, 1948: 176).
La temática
sobre las políticas de información
en el ámbito gubernamental tiene temas
de investigación poco abordado como lo
ha enfatizado enfatiza Hernon (1998: 221) editor
de la revista Goverment Information Quarterly
cuales son:
a) Análisis
de la infraestructura global y nacional
b) Eficiencia y calidad de los servicios por
organismos que provee información gubernamental
c) Satisfacción de los servicios y prácticas
en el entorno gubernamental
d) Evaluación del impacto, resultado
y ejecución, tanto de las instituciones,
organizaciones como de los instrumentos de medición
que son utilizados y
e) Las políticas gubernamentales en el
contexto de la gestión del ciclo de vida
de la información.
Hasta el momento
han habido muchos reflexiones diciendo hacia
dónde se debe de encausar la investigación
sobre esta temática. No se deben de menospreciar
los estudios ya realizados por personas, es más,
una estrategia sería sumarse a esa experiencia
acerca de la temática.
En la actualidad
poco trabajos han sido realizados desde los campos
técnico – instrumental y desde la
perspectiva metodológica.
Con la preocupación
sobre la generación del conocimiento relativa
a los enfoques de los estudios de la política
pública, Valenti y Castillo (1997: 97-99)
retoman a la tipología de propuesta por
Hogwood y Gunn cual es la siguiente:
1. Estudios
de contenido de políticas: los analistas
de políticas buscan describir y explicar
el origen y el desarrollo de políticas
especificas
2. Estudios del proceso de las políticas:
aquí la atención se centra en
los escenarios en los cuales los asuntos suceden,
así como evaluar la influencia de diferentes
factores sobre el desarrollo de dichos asuntos
3. Estudios de las consecuencias de las políticas:
se busca explicar por qué los niveles
de gasto o la provisión de servicios
varia de acuerdo con las distintas áreas.
4. Estudios de la evaluación: marcan
el limite entre el análisis de políticas
y el análisis para las políticas:
Están referidos a identificar el impacto
de la implantación de las políticas
en la población
5. Información para los tomadores de
decisiones: la información recopilada
es para asistir a los tomadores de decisiones
6. Proceso de argumentación: es un variante
del análisis para las políticas
en la cual el analista busca mejorar la naturaleza
del sistema de toma de decisiones
7. Argumentación de políticas:
identificar las opciones específicas
y las ideas del proceso de políticas,
ya sea de manera individual o en asociación
con otros, ejemplo a través de grupos
de presión.
Esta metodología
nos deja entrever la existencia de 7 propuestas
metodológicas y/o técnico –instrumental
para abordar la temática y realizar un
análisis con cierto rigor académico.
Rist (1994:
554) por su parte propone un matriz de análisis
que consiste en 12 cuadros (ver tabla) que abarcan:
la formulación de la política,
la implantación de la política
, lo que el denomina el rendimiento de cuentas
de la política que abarca: el impacto,
los resultados, y los instrumentos de políticas
que se encuentran dividido entre los recursos
exhaustivo, los objetivos, la capacidad institucional
y el riesgo político.
Tabla
3
Matriz de Rist
POLÍTICA |
Recursos
exhaustivos |
Objetivo |
Capacidad
institucional |
Riesgo
político |
FORMULACION
|
|
|
|
|
IMPLANTACIÓN
|
|
|
|
|
RENDIMIENTO
DE CUENTA
(accountability) |
|
|
|
|
Esta propuesta
de Rist puede ser aplicada tanto en la etapa
de formulación de la política como
en las etapas de implantación o en el
de rendimiento de cuentas.
Al tomar un
de las etapas mencionadas como ejemplo podemos
llegar a realizar los estudios con cierta metodología
que nos dará una mejor visión de
lo que esta aconteciendo en esa etapa, las fortalezas,
amenazas y debilidades que ésta traviesa
para la instrumentación de dicha ley.
La implantación
de la Ley de Federal mencionada ha atravesado
por varias etapas que donde ese considera que
el funcionamiento mismo de la ley se ha visto
accidentada.
Como ejemplo
podemos tomar en el rubro de la implantación
del articulo transitorio de la ley federal de
Acceso:
Primero: la
presente ley entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación con las modalidades.
Segundo.
la publicación de la información
que se refiere el Artículo 7 deberá
completarse a más tardar, un año
de la entrada en vigor de la Ley.
POLÍTICA |
Recursos
exhaustivos |
Objetivo |
Capacidad
institucional |
Riesgo
político |
IMPLANTACIÓN |
“los
sujetos obligados deberán poner a disposición
del público y actualizar, en los términos
del Reglamento y los lineamientos que expida
el Instituto o la Instancia equivalente” |
|
desconocido |
grande |
El
reglamento de la ley Federal de transparencia
y acceso a la información pública
gubernamental se publica el 11 de junio de 2003.
Mientras que la instancia, el instituto Federal
de Acceso a la información Pública
fue creado por Decreto el 24 de diciembre.
Durante un año
las dependencias estuvieron solo, esperando los
lineamientos del Instituto o de la instancia.
Hubo un atraso de un año para la uniformar
los criterios que regirá lo mencionado
en el artículo 7 de la Ley Federal mencionado.
Esto es un ejemplo
de desconocer quienes son los principales actores
que iban a participar en este escenario tan complejo.
Según Burgoyne (1994:190) al hablar de
principales actores o stakeholders asevera que
este comprende:
• Los
actores
• Los agentes
• Los grupos de interés
• Los interesados
• Los partidos políticos y los
gremios interesados.
Estos principales
actores tienen necesidades específicas,
sus requerimientos propios, anhelos, deseos,
percepciones y conceptualizaciones de la realidad
social diferente los unos de los otros.
Por lo mismo
como llegarán estos a un concenso sobre
puntos más específicos.
Los principales
actores o stakeholders tienen un papel importante
en la puesta en marcha de una política
de información.
A manera
de concluir
Contestando
a las preguntas antes mencionadas considero lo
siguiente:
Una política
social en mayor o menor grado está vinculada
a los derechos de los ciudadanos y tiene como
uno de sus objetivos satisfacer las necesidades
humanas. Estas pueden ser explícitas o
implícitas.
En muchas ocasiones
se vuelven políticas implícitas
cuando una ley se encuentra en una ley que no
tiene mucho que ver con el asunto.
Las políticas
explícitas son publicadas y puestas a
disposición de la ciudadanía de
manera impresa por medio de un boletín,
una gaceta o un periódico oficial, o de
manera electrónica a través de
sitios –web del Congreso de la Unión,
Cámaras de Diputados o Senadores, o por
medio de sitios de los gobiernos, congresos o
poder judicial de cada estado que integran la
República.
Los gobiernos
al establecer políticas explicitas en
este caso alguna ley sobre la transparencia y
el acceso a la información sea estas federal,
estatal o municipal consideran que la tarea esta
hecha.
Para implantar
una ley de tal magnitud, los sistemas de información
y las fuentes que nutren estos sistemas, con
materiales primarios, secundarios o terciarios
cuales contienen datos e información gubernamental
deberían de tener al menos directrices
(recursos exhaustivos) que señalen los
criterios mínimos para la recopilación
y concentración de los documentos en cualquiera
de las dependencias.
El acopio de
los documentos de cualquier índole y en
cualquier formato que producen las dependencias
se de be de ser procesado de tal manera que forme
parte de la de la información gubernamental,
fuentes de información oficial del gobierno.
Otro aspecto que es de considerar que los sistemas
de información cuando este esa impreso
se concentrara en un solo lugar con sus respectivos
instrumentos para su pronta recuperación
de tanto los datos como la información.
Si los documentos
de cualquier índole y en formatos distintos
que produce la dependencia no llegaran a formar
parte de los sistemas de información será
difícil mantener el control sobre ellos
y proporcionarlo a los ciudadanos cuando lo exigen.
Para esto es
de suma importancia contar con especialistas
en el área de la administración
pública que poseen tanto el conocimiento
teórico como el conocimiento sobre el
funcionamiento de la administración pública
tanto federal, estatal como municipal.
Así como
también se debe de contar con especialistas
en las áreas de archivología y
de la bibliotecología, auxiliares practicantes
de la archivística como del quehacer bibliotecario.
La logística es indispensable para la
operacionalización de tal función
que exige tanto los equipos, los programas de
cómputo adecuados y los insumos necesarios.
Los conflictos
de leyes en muchas ocasiones son los obstáculos
que impiden que una ley se robustezca y se pueda
cumplir a la cabalidad.
Cuando no exista
lo anterior es muy probable que no se ha contemplado
que a arte de las leyes existentes tiene que
formular otra más específica como
una ley de archivos, ley de datos personales,
ley de protección de los datos personales
y empresariales, entre otras.
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Egbert
Sánchez Vanderkast
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas,
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